Mes: Abril 2024

El plan, que tiene dos ventanas de implementación, contempla -entre otras acciones- un incentivo tributario a la Investigación y Desarrollo.
En medio del interés que no cesa por el denominado combustible del futuro, el Gobierno materializará un nuevo paso: presentará el Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 que considera 81 acciones en dos ventanas de implementación. Este miércoles, los ministros de Energía, Diego Pardow, y de Hacienda Mario Marcel, entregarán el documento de forma privada al Presidente de la República, Gabriel Boric, el que contiene acciones que permitirían el despegue de esta nueva industria y sus derivados.

El documento estará disponible durante la jornada de hoy miércoles y se lanzará durante el mes de mayo en una reunión a la que asistirá el comité estratégico conformado para esta tarea.

DF accedió a los 10 hitos más relevantes y concretos que contempla la primera ventana de implementación, la que busca crear las condiciones que permitan el desarrollo de la industria definiendo estándares ambientales, sociales y laborales, además de entregar señales para la inversión fortaleciendo las instituciones críticas, contar con un sistema de permisos eficientes, impulsar la investigación científica en torno a la industria y avanzar en incentivos tributarios y financieros.

En concreto, en esta primera ventana son acciones que debiesen cumplirse en 2024, 2025 y 2026. Para este año, figura la instalación de equipamiento de electrolizadores en liceos técnico-profesionales de la Región de Magallanes para la enseñanza práctica del proceso de electrólisis y operación del electrolizador y los otros componentes de la cadena de valor; y la apertura formal de la Ventanilla Facility H2V con Crédito Verde, apoyando el financiamiento de proyectos de hidrógeno.

Se suma el cierre del primer proceso de asignación de terrenos fiscales ‘Ventana al Futuro’ y la adjudicación de licitación refuerzo del Muelle Mardones en la Región de Magallanes para aumentar sus capacidades logísticas para el desembarque de equipos e insumos necesarios para la industria.

Una acción relevante para este año es el fortalecimiento a la Ley I +D, triplicando su umbral superior de crédito tributario, a través de la Ley de Reforma del Impuesto a la Renta (2024). Según se plantea, en el marco de la Ley de Reforma del Impuesto a la Renta, parte del Pacto Fiscal, se actualizará de manera prioritaria la denominada Ley de I+D vigente. Este instrumento ofrece un incentivo de hasta un 35% de crédito tributario contra el Impuesto de Primera Categoría sobre monto invertido en I+D y 65% restante podrá ser considerado como gasto necesario para producir la renta.

Próximos hitos

En 2025 se prevé el inicio de operaciones de la planta de hidrógeno verde en Cabo Negro, Magallanes, la cual permitirá inyectar hidrógeno a las redes de gas del complejo industrial de ENAP y la publicación de línea de base pública Ambiental de Magallanes, facilitando los procesos de evaluación ambiental y estandarizando la información disponible.

También el próximo año se espera la puesta en marcha de los Centros de Desarrollo Tecnológico de Magallanes y para la Industria Marítima y Naval a implementarse por la Armada, para fortalecer la capacidad de desarrollar y gestionar la innovación tecnológica de hidrógeno verde. Y, además, la publicación de la primera versión de plataforma de información y consulta sobre el hidrógeno verde, para facilitar la entrega de la información respecto a la industria, en línea con los estándares de acceso a la información del Acuerdo de Escazú.

Otra acción que se contempla en la primera ventana es la publicación de resultados de estudios de factibilidad de transporte de cobre y ácido sulfúrico, para permitir la materialización de la primera ruta comercial marítima verde en Latinoamérica antes de 2030.

Mientras, la segunda etapa, a partir de 2026 y hasta el 2030, considera contar con los instrumentos de ordenamiento territorial y regulación normativa en marcha; articulación de encadenamiento productivo y desarrollo local; información pública de proyectos y participación ciudadana; además de tener capital humano preparado. Asimismo, se espera contar con la certificación necesaria para la apertura a mercados verdes.

En el plan también se haría cargo de la ‘permisología’, ya que se se considera, entre 2024 y 2025, fortalecer los servicios que entregan permisos críticos para el adecuado desarrollo de la industria y establecer una ruta de implementación con foco regional.

Tras la publicación en 2020 de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, la actual administración trabajó en la elaboración de una hoja de ruta que focalice y priorice las acciones y medidas que deben desarrollarse en esta década. La elaboración del Plan contó con un proceso de participación a través de diversas instancias como talleres ciudadanos, una mesa interministerial, un Consejo Consultivo y un Comité Estratégico. En la etapa de consulta pública, que se desarrolló entre diciembre y febrero, se recibieron 1.942 comentarios y observaciones.

Esta industria registra actualmente 155.000 trabajadores menos que su potencial, indicó la CChC. El timonel del gremio también contestó a las declaraciones del ministro Carlos Montes sobre la productividad.
Un menor ritmo de disminución de la inflación y las tasas de interés, negativas expectativas para la inversión en general en el país, pesimismo en el ánimo empresarial del sector y el aumento en los últimos meses del precio de los materiales. Esos son algunos de los factores que motivaron al rubro de la construcción a pronosticar una caída más fuerte de la inversión para 2024, que pasó del -0,4% previsto a inicios de año al -1,3% señalado ayer.
“Seguimos en la industria mal. Nuestros números siguen cayendo, no hemos sido beneficiados con el aumento del Imacec. Por lo tanto, seguimos en una situación bastante difícil como industria”, señaló Juan Armando Vicuña, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
En una exposición para los medios de comunicación, el gerente de Estudios y Políticas Públicas de la institución, Nicolás León, indicó que las proyecciones de inflación para 2024 se ajustaron al alza respecto de lo previsto meses atrás, tanto a nivel internacional como en Chile. Esto afecta a la baja la medición de la inversión en términos reales, añadió.
Igualmente, León recordó que el Banco Central anticipó una caída mayor de la inversión total (-2%) en relación con las expectativas de los analistas de mercado. A la vez, el gremio mencionó que, a nivel sectorial, “la confianza de los empresarios de la construcción persiste en régimen pesimista”.
Sobre los precios de los materiales de la construcción, la CChC aseguró que estos “han tendido al alza en los últimos meses, coherentemente con las mayores tensiones que experimenta la cadena de suministros a nivel global y las presiones de costos de importación de insumos por el alza del tipo de cambio registrado en nuestro país”.
Subsectores
El análisis por subsectores muestra que la inversión en infraestructura caerá 0,3% anual, producto de que el gasto en infraestructura pública crecerá 5,3%, pero la inversión productiva disminuirá 6,3%.
La CChC espera que el flujo de inversión vía concesiones en 2024 se ubique alrededor de los US$ 780 millones, la cifra más alta desde 2017.
En materia de inversión en vivienda, esta se contraería 3,2% anual en 2024. Añadió que el gasto público en vivienda muestra cifras récord, con US$ 3.870 millones destinados a la ejecución de programas habitacionales e inversión en ciudad, con un alza de 9% respecto de 2023.
En tanto, la inversión en vivienda privada caería 6,4% en el año. Esto, en medio de un freno en el inicio de nuevos proyectos habitacionales, debido a stocks elevados de viviendas nuevas. Si bien el gremio prevé que las ventas de casas y departamentos suban 4% este año, se trata de una tasa menor que el 11% de 2023.
Respecto de las cifras de ocupación sectorial, la construcción registra actualmente 155.000 trabajadores menos que su potencial, indicó la CChC. Esto explicaría un tercio del total de la brecha estimada de empleo a nivel nacional, añadió.
Debate por la productividad
El sábado pasado, en una actividad junto a la CChC, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió a la “permisología” y sostuvo que el sector debía aumentar su productividad. “Acá lo que buscamos es acortar los tiempos de los trámites, partir por precisar el rol de la Divisiones (sic) de Obras Municipales (DOM), a partir de establecer mecanismos alternativos. No tiene sentido que muchas cosas, un estacionamiento o muchas cosas tengan que pasar por las DOM y así que se concentren en las labores principalmente urbanísticas”, indicó en un comunicado divulgado ese día por el Minvu.
Montes agregó que “cada vez que las empresas nos dicen ‘permisología’, nosotros les decimos sí, pero también aumentar la productividad, porque el sector necesita ser más ágil, que haya mayor productividad, y en eso hay que hacer un esfuerzo tecnológico y de otros aspectos”.
Consultado por esas declaraciones, el presidente de la CChC afirmó que uno de los componentes de la productividad está ligado a la “permisología”. Sostuvo que “cuando nosotros podemos hacer todos los esfuerzos posibles para ir mejorando nuestra productividad dentro de las obras, también tenemos que solicitarle y exigirle al Estado que mejore su productividad. Porque no tiene sentido que un proceso de construcción se demore 12 meses y para obtener la recepción final te demores un año (…). Eso impacta fuertemente en la productividad”.
Vicuña también se refirió al pacto fiscal y a un análisis sobre las propuestas que este contiene. En ese punto, comentó que “nosotros estamos proponiendo trabajar en las cosas que son fáciles de salir, que tienen un acuerdo y dejemos todo lo que es los impuestos al lado, dado que hoy día, por lo menos en nuestra industria y en el país, yo creo también, pero especialmente en nuestra industria, no soportamos un aumento en los impuestos. No estamos con capacidad para que se nos suban los impuestos dado que la industria de la construcción está muy debilitada”.

Factor clave en los ingresos fiscales, las exportaciones y los proyectos de inversión, las expectativas de aumentos adicionales en el precio del metal rojo corrigen al alza algunas proyecciones macro del país. Pero su impacto positivo será menor que en ciclos anteriores.
Todas las consultas que usted hace a alguna de las tantas aplicaciones de inteligencia artificial (IA) disponibles en su celular tienen un factor en común: requieren procesar una enorme cantidad de datos. Para el procesamiento de ellos, se necesita una gran capacidad adicional de data centers. Y estos, para sus complicados circuitos eléctricos, requieren una materia prima particular: el cobre.
La demanda de cobre que requerirá la explosión de los centros de datos que atienden a los crecientes sistemas de AI se ha analizado muy poco, dice Saad Rahim, economista jefe de la firma suiza Trafigura. Él estima que llegará a un millón de toneladas en 2030, cifra que ‘está en el tope de las cuatro a cinco millones de toneladas de déficit que tendrá el metal para ese año’.
Así, el metal rojo, uno de los mejores conductores eléctricos del mundo, suma un nuevo factor a las auspiciosas expectativas de precio que se han conocido recientemente ante el boom de energías limpias, y que están corrigiendo al alza algunas proyecciones para Chile.
Varios de los supuestos principales para la economía del país se basan en precios del cobre que hoy parecen conservadores. El presupuesto de la nación, por ejemplo, está realizado sobre un valor de referencia de US$ 3,86 la libra. El último Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central lo proyecta a US$ 3,85 para 2024, una leve alza desde los US$ 3,8 que apuntaba al cierre de 2023. En enero, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) elevó en 10 centavos su estimación a US$ 3,85 para 2024 y US$ 3,9 para 2025, pero anunció que planea subirla nuevamente ante la realidad del mercado.
Cálculos positivos
Este rango no solo está muy por debajo del comportamiento del cobre en el año, que promedió US$ 4,20 en abril, un 11% más que en enero. También es mucho menor a los valores entre US$ 4,50 y US$ 5,00 que proyecta el mercado global, ante la creciente demanda que busca impulsar la descarbonización y que tiene en los autos eléctricos uno de sus componentes principales.
Analistas del grupo financiero Citi señalan que el cobre enfrenta ‘su segundo mercado alcista en lo que va del siglo’, recordando que, a comienzos de los 2000, los precios se multiplicaron por cinco en tres años, impulsados por la urbanización y la industrialización de China.
Credicorp Capital proyecta que la demanda por cobre se duplicará hacia 2035, debido a la resiliencia de la industria china ‘relacionada a energías renovables y vehículos eléctricos’. Pero, agrega, ‘no habrá oferta suficiente para suplirla’.
Leonardo Suárez, economista jefe de LarrainVial, señaló a ‘El Mercurio’ que anticipa un promedio de US$ 4,20 la libra para este año y de US$ 4,50 el próximo. Esto, ‘dada la escasez de cobre y ciertas señales de repunte de la actividad industrial china’, dijo. ‘El precio podría llegar a US$ 5 la libra en 2025’. Un mayor valor del metal rojo, aunque no tiene efecto directo en la medición del PIB real —que se basa en toneladas producidas y no en el precio de mercado—, implica múltiples consecuencias económicas. ‘Mejora el ingreso del país, fortalece las cuentas externas, dando un respiro en esta materia, y hace que el Estado cuente con mayores recursos’, explica Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central y hoy investigador sénior en el Centro de Estudios Públicos (CEP). Agrega que además de beneficiar el consumo y la actividad comercial, la expectativa de un mayor precio permanente ‘puede motivar a que las empresas aceleren inversiones, pero hoy vemos una capacidad más limitada para aumentar la producción’.
Desde el punto de vista del Gobierno, el precio del cobre es uno de los factores determinantes para los ingresos estatales. ‘Sus fluctuaciones se reflejan directamente en la recaudación del fisco’, dice Andrés Sansone, coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda. Recuerda que en 2016, cuando el cobre cayó a US$ 2,20, los ingresos alcanzaron su punto más bajo en diez años (US$ 904 millones). En contraste, en 2021 el valor se elevó a US$ 4,22, y el Estado percibió un máximo de US$ 9.594 millones.
Este año, Hacienda proyecta recaudar US$ 4.201 millones por ingresos relacionados con el cobre y acercarse a los US$ 8.000 millones en 2028, incluyendo los montos asociados al nuevo royalty minero.
El cobre es, además, la principal fuente de divisas para el país. En 2023, Chile exportó US$ 35.000 millones por este concepto, una caída importante desde los casi US$ 46.000 millones de 2022. Al subir de valor, el metal rojo puede fortalecer al peso, haciendo bajar el valor del dólar. Además, impulsaría las acciones: si bien no hay grandes mineras cotizando en la bolsa local, hay una correlación histórica entre el buen precio del metal y el desempeño bursátil.

Un nuevo proyecto se fragua en el exclusivo sector de La Dehesa, comuna de Lo Barnechea. Denominado Edificio Panorámica, considera tres inmuebles de cuatro pisos (con 76 viviendas) en el sector noreste del cerro El Zorro. La obra se proyecta en un terreno de 0,8 hectáreas colindante a un paño de propiedad de Aguas Andinas, a aproximadamente 30 metros del espejo de agua del Tranque La Dehesa.

La iniciativa considera una inversión de US$ 30 millones y es liderada por la Inmobiliaria Corsaa SpA, representada por Cornelio Saavedra Aspillaga, según una consulta de pertinencia presentada ante la autoridad para que defina si la obra debe o no ser sometida a evaluación ambiental.

‘De la información revisada se permite concluir que la implementación del proyecto no requiere ser sometida obligatoriamente al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental’, dijo la empresa.

Solo el 13% de los chilenos cree que los trabajadores pueden comprar su inmueble. En 2009, el 55% sí confiaba en ello. El sector inmobiliario está golpeado por un encarecimiento en los materiales de edificación, alza en los precios del suelo y una presión migratoria.
Tras un magro desempeño económico y un alto desempleo en 2023, las expectativas de los chilenos de un país más desarrollado y sin pobreza, entre otras variables, se mantienen bajo el 45%, revela la reciente Encuesta Bicentenario UC.
Una cifra refleja con nitidez el deterioro: solo el 13% de los consultados cree en la posibilidad de que un trabajador pueda comprar su propia vivienda.
Se trata de un dato ‘significativo’, reconocen los responsables del estudio, ya que es el porcentaje más bajo de esta pregunta en toda la serie de la Encuesta Bicentenario UC (desde 2006). Viene a confirmar la crisis del sector vivienda en Chile, golpeado por altas tasas de interés de los créditos hipotecarios, el encarecimiento en los costos de construcción y en el valor de los inmuebles, junto a una limitada ayuda a nivel gubernamental y una proliferación de campamentos en todo el país.
La percepción del incremento en la dificultad en obtener una vivienda propia, de por sí subjetiva, está avalada con datos administrativos y mediciones pasadas, destacan los responsables de la Encuesta Bicentenario UC.
Explican que el 13% refleja un drástico desplome en comparación con 2009, cuando la percepción de que un trabajador pudiera adquirir una vivienda llegaba al 55% (ver infografía).
‘El acceso a la vivienda no es solo una aspiración patrimonial, sino un anhelo existencial en Chile. Históricamente, de acuerdo a la encuesta Casen, Chile ha sido un país de propietarios de vivienda. Sin embargo, la tasa de hogares propietarios ha caído sistemáticamente en 10 puntos porcentuales, desde el año 2006’, afirma Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC y encargado de la Encuesta Bicentenario, a ‘El Mercurio’.
No debe olvidarse, agrega, que uno de los elementos de alta polémica en la fallida Convención Constitucional fue precisamente un articulado que proponía que la vivienda social del Estado no sería entregada en propiedad. Afirma que, en opinión de varios actores, este fue uno de los elementos críticos para el rechazo de esa alternativa constitucional.
‘Más allá del alza de los precios de materiales de construcción, los precios del suelo, y la presión migratoria, la política de vivienda debe ser capaz de dar señales concretas de respuesta a uno de los anhelos y expectativas más importantes de la población chilena’, enfatiza Irarrázaval.
Desarrollo y pobreza
Otro de los indicadores que llaman la atención en esta última medición es la percepción de conflictos entre trabajadores y empresarios, que registra un 52%, por debajo de Estado-mapuches (82%) o Ricos-pobres (64%). Asimismo, la apreciación de conflictividad entre trabajadores y empresarios es la menor de los últimos seis años, cuando en 2018 llegó a un 48%.
Pese a que la economía chilena se encuentra hace más de un año en una fase de nulo crecimiento, presionada por la contracción de la inversión, destaca el salto del 43% (desde un 37% en 2022) de quienes opinan que Chile avanzará o habría alcanzado el ‘desarrollo’ en un plazo de 10 años. En todo caso, esta cifra se ubica por debajo del nivel de percepción que había en 2011 (55%) o 2019 (51%).
Con todo, resulta paradójico que cuando se consulta sobre si se avanzará o habría alcanzado la eliminación de la pobreza hacia el 2033, se observa un estancamiento en el nivel de percepción en las últimas tres mediciones, donde básicamente 3 de cada 10 ciudadanos se inclinan por esa posibilidad.
‘La pobreza es relativa. En la medida en que los países se desarrollan, este flagelo puede tomar distintas formas de exclusión social o vulnerabilidad, pero igual existe. La pobreza es una discusión hoy en Gran Bretaña y en California, que obviamente son países o Estados de alto nivel de desarrollo’, precisa Irarrázaval.
Y agrega: ‘El anhelado desarrollo nos ofrece mejores condiciones de vida para la mayoría de la población, pero empíricamente hemos visto que siempre habrá bolsones de pobreza que serán difíciles de erradicar a menos que existan estrategias muy coherentes y sistemáticas’.
Sobre la reducción de la desigualdad de los ingresos en el plazo de una década, las personas que estiman que se avanzará hacia ese objetivo llegan a un 33%, levemente por encima del nivel de la anterior medición.
Rol del Estado
De acuerdo con la encuesta, el 53% de las personas consultadas estima que lo mejor para el país es que haya igualdad social y una distribución de los ingresos más equitativa. En cuanto a que la ayuda del Estado debería ser focalizada, un 33% se inclina por esa opción, mientras que un 45% se inclina por que todos los ciudadanos deben recibir la misma ayuda del Estado.
Un 31% prefiere pagar menos impuestos y pagar salud y educación por su cuenta. Casi la mitad de los encuestados, en tanto, es partidario de pagar más impuestos y que el Estado garantice su salud y educación.